Mochileros y rutas de la droga: Especialistas analizan el trasfondo detrás del operativo militar que dejó 5 muertos en Huancavelica
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Mochileros y rutas de la droga: Especialistas analizan el trasfondo detrás del operativo militar que dejó 5 muertos en Huancavelica

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28 de abril de 2026
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RPP Noticias
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Corresponsal Global

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La madrugada del sábado 25 de abril, un operativo de control territorial realizado por una patrulla militar en el distrito de Colcabamba, Huancavelica, terminó con la muerte de cinco civiles y dejó dos heridos de gravedad. Los hechos, que inicialmente fueron reportados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como un enfrentamiento contra redes del narcoterrorismo, han dado un giro tras la apertura de una investigación fiscal por presunto homicidio calificado contra ocho militares. Según información obtenida por RPP, las pericias preliminares en la zona de Tayacaja sugieren que no hubo un intercambio de disparos, sino un ataque unidireccional contra una camioneta donde no se hallaron armas ni droga. En los estudios de RPP, especialistas invitados a los programas Las cosas como son y Prueba de fuego analizaron las posibles fallas de inteligencia, la ausencia de personal policial y el fenómeno socioeconómico de los "mochileros" que transportan sustancias ilícitas por las 21 rutas identificadas en el VRAEM.
El fenómeno de los 'mochileros' y las rutas del VRAEM
La provincia de Tayacaja se ubica en una de las rutas más críticas para el traslado de cocaína hacia la costa peruana, siendo el transporte a pie o en camionetas una constante en la zona. Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico, explicó en Prueba de Fuego de RPP que los jóvenes de la región son captados como "mochileros" para transportar entre 10 y 15 kilos de droga por trayectos que pueden durar varios días. Un sobreviviente del ataque, Ricardo Acuña Quispe, confirmó en su testimonio fiscal -al que tuvo acceso RPP- que recibió 1300 soles por trasladar sustancias ilícitas en su mochila, una realidad motivada por la falta de oportunidades económicas en la cuenca del Ene, de acuerdo a Yaranga. 
El especialista indió que esta dinámica delictiva implica además el pago de cupos a remanentes terroristas que controlan los pasos fronterizos en la selva y la sierra. Yaranga detalló que los transportistas deben abonar un "derecho de paso" a las columnas armadas que vigilan los cargamentos durante su desplazamiento hacia centros de acopio como Huancayo. Cuestionamientos a la inteligencia y la ausencia policialUno de los puntos más críticos señalados por los especialistas en RPP es la presunta falla en la verificación de la información que motivó el uso de la fuerza letal.El general en situación de retiro José Baella advirtió que depender exclusivamente de "fuentes humanas" en zonas de emergencia puede inducir a errores operativos graves si no se confirma la amenaza de forma técnica.Además, de acuerdo a Baella, la falta de agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) en la patrulla militar habría impedido una intervención bajo los marcos legales de proporcionalidad y necesidad.La ausencia de la Policía Nacional en un operativo enfocado en el tráfico ilícito de drogas resulta inusual tanto para Yaranga como Baella, dado que la institución policial tiene la competencia legal directa sobre este delito. Pedro Yaranga observó que las Fuerzas Armadas suelen ser cuidadosas en estos escenarios, pero en el caso de Colcabamba se habrían registrado más de 50 disparos contra un vehículo ocupado por personas presuntamente desarmadas.La calificación legal y el cambio de narrativa oficialEl abogado Carlos Rivera analizó en el programa Las cosas como son la gravedad de que el Ministerio Público haya tipificado el hecho preliminarmente como un asesinato.Rivera destacó que, en apenas dos días, los comunicados oficiales del Comando Conjunto modificaron su versión, eliminando la mención a "remanentes terroristas" para centrarse en una operación antidrogas tras la presión de los familiares de las víctimas.El debate se centra ahora en si existió proporcionalidad en el uso de armas de guerra contra civiles que, según los peritajes iniciales, no habrían respondido al fuego."El Ministerio Público también tendrá que evaluar si es que hubo una razón de proporcionalidad, como mencionan los dos comunicados oficiales del comando conjunto, para hacer un uso de armas de fuego, de largo alcance o armas de guerra y terminar eliminando a cinco personas", dijo Carlos Rivera

Por su parte, el general Chávez Cresta instó en RPP a que la fiscalía transparente las investigaciones con celeridad para determinar si hubo un delito o si la patrulla actuó bajo una amenaza real percibida.Para el exministro, es fundamental que el Ministerio Público verifique el momento exacto en que se decidió el empleo de las armas y si existía un plan de operaciones con conocimiento previo de la fiscalía especializada.

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